Odyssey versus navío Nuestra Señora de las Mercedes
La noticia de esta semana se la dedico a mi amigo Antonio Gallego, que me dejó el cebo de este tema. El navío Nuestra Señora de las Mercedes fue una fragata perteneciente a la Armada Española, que fue botada en el puerto de La Habana en 1786 y que formaba parte del convoy que cubría la ruta comercial entre las colonias de América y España, amenazada frecuentemente por navíos del Reino Unido.
El 5 de octubre de 1804, y pese a que eran tiempos de paz entre las dos naciones, se produjo la Batalla del Cabo de Santa María, que tendría como consecuencia el naufragio de la fragata Nuestra Señora de las Mercedes, comandada por José Manuel de Goicoa y Labart, en aguas próximas al Estrecho de Gibraltar.
En este enfrentamiento con los navíos de la Armada británica mandados por el comodoro del HMS Infatigable, y además Vicealmirante de la Marina Británica, Graham Moore (Glasgow,1764-1843), se encontraba también el buque HMS Amphion, con 250 tripulantes a bordo y al mando de Samuel Sutton. Y fue este último barco el que provocó el hundimiento de la fragata española.
La fragata Nuestra Señora de las Mercedes había partido de Montevideo el 9 de agosto de 1804, aunque provenía inicialmente del puerto del Callao en Lima, Perú, e iba cargada con oro, plata, telas de vicuña, quina y canela.
En el naufragio de la fragata Nuestra Señora de las Mercedes fallecieron 249 marineros. Los 51 supervivientes se hicieron prisioneros y trasladados al Reino Unido, entre ellos el teniente de navío Pedro Afán de Rivera. Este hecho tuvo como consecuencia el final del acuerdo de paz de Inglaterra y España, y fue el preludio de la Batalla de Trafalgar.
Pero este suceso se resucitó más de doscientos años después, cuando en 2007 los arqueólogos submarinos de la empresa cazatesoros estadounidense Odyssey descubrieron en la zona del golfo de Cádiz, el pecio de la fragata. Unas 500000 monedas de plata y oro (reales de a ocho y escudos, todos ellos de la época de Carlos IV y acuñados en Lima, Perú en 1803) y demás objetos fueron extraídos y llevados a los Estados Unidos, donde comenzó un litigio entre España y la empresa norteamericana por los derechos del hallazgo.
El 21 de septiembre de 2011, el Undécimo Tribunal de Apelaciones de Atlanta (Georgia) ratificó la orden de un Juez de Florida para que la empresa entregara el tesoro a España. Finalmente, el 25 de febrero de 2012, el tesoro de 17 toneladas fue trasladado por dos aviones Hércules del Ejército del Aire desde Florida a la base aérea de Torrejón de Ardoz.
Sin embargo, no todos los restos extraídos del pecio fueron devueltos inicialmente. Como consecuencia de la investigación judicial se supo que los responsables del Odyssey habían ocultado parte del tesoro en Gibraltar. Estos restos fueron finalmente entregados en julio de 2013 y llevados junto con los anteriores al museo Arqua de Cartagena. El Tribunal de Distrito de Florida en el que la empresa de cazatesoros Odyssey Marine Exploration se enfrentó al Reino de España dio otro varapalo a la compañía, condenándola por mala fe y deslealtad durante el proceso. El juez condenó a Odyssey por esa mala fe y deslealtad mostradas en el litigio, en el que se negó a identificar el barco, luego puso distintas trabas y condiciones para el acceso de inspectores españoles a la carga de la fragata y agotó todos los recursos posibles, a pesar de su conocimiento del origen del material expoliado, antes de dar su brazo a torcer y devolver las más de 600.000 monedas (17 toneladas) y otros objetos.
La dura sentencia estableció que Odyssey actuó de mala fe manifiesta durante el litigio, incluso tras la sentencia del circuito de apelación. Además, el juez indicó que la postura de Odyssey fue frívola ante el proceso. De hecho, de los más de 3 millones de dólares de gastos en los que España debió incurrir para defenderse del expolio cometido, no menos de dos tercios, según el Tribunal, fueron achacables a la conducta de los cazatesoros.
Por si quedara duda alguna, el Tribunal explicó que Odyssey conocía la identidad del buque expoliado y se negó a confesarlo porque sabía que España entonces tendría derecho sobre la carga. Por ello el juez Merridey condenó a los cazatesoros al pago de 875.022 dólares, o lo que es lo mismo, la mitad de las dos terceras partes del gasto de España en abogados durante el caso.
